Asunto de la encuesta
Se cierran las investigaciones contra políticos del SPÖ
Laura Rudas, Norbert Darabos, Josef Ostermayer y compañía ya no figuran como sospechosos en el asunto Umfage.
Al igual que el ÖVP solicitó una comisión para investigar la posible corrupción en el SPÖ y el FPÖ, la Fiscalía de Asuntos Económicos y Corrupción suspendió los procedimientos e investigaciones contra destacados políticos del SPÖ. A raíz de denuncias anónimas, los fiscales habían investigado si, por ejemplo, los directores generales federales del SPÖ habían financiado encuestas en diarios como "Österreich" y "Heute" con fondos públicos de los ministerios en años anteriores -algo similar a las acusaciones que más tarde se hicieron al ÖVP- y si éstas habían sido encargadas y manipuladas por la entonces investigadora de opinión Sophie Karmasin.
Norbert Darabos, Laura Rudas, Josef Ostermayer y otros miembros menos destacados del SPÖ fueron nombrados sospechosos en las investigaciones.
Los fondos procedían del partido
En los motivos del sobreseimiento de la investigación a disposición del "Krone", se afirma que los posibles delitos penales en este contexto a partir de 2009 han prescrito. No obstante, se investigaron los presuntos delitos. La WKStA expedientó a todos los sospechosos: No había pruebas ni declaraciones que pudieran demostrar que se había utilizado dinero de ministerios o, como se alegaba, de la Cancillería Federal dirigida por el SPÖ para financiar encuestas. En su lugar, el partido o las organizaciones afiliadas al partido, como el Instituto Renner, probablemente habían pagado o cofinanciado todas las encuestas, y casi todos los políticos del SPÖ denunciados no habían ocupado ningún cargo gubernamental en el período en cuestión.
"Diferente de la herramienta Beinschab"
Frase clave de la fiscalía: "A diferencia de la herramienta Beinschab 'Austria', no hay indicios suficientes de que los estudios/encuestas se pagaran con fondos públicos ni indicios suficientes de vínculos delictivos con anuncios de organismos públicos."
El abogado Johannes Zink, que representa a varios de los sospechosos: "La WKStA dejó claro detalladamente en sus motivos para la interrupción que no se utilizaron fondos públicos para los fines de la fiesta." Una frase involuntariamente humorística del razonamiento: "La manipulación de los resultados de las encuestas y un acuerdo entre un partido político y los medios de comunicación en este sentido no es punible por ley."
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